Resumen
En marzo de 2023, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza celebró su octava audiencia local en Yucatán, México, sobre el caso del Tren Maya, un megaproyecto que pone en grave riesgo de destrucción ecosistemas y comunidades. En junio de 2022, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible se acercaron al Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza y presentaron el caso de los impactos del Tren Maya. El caso fue presentado por comunidades indígenas afectadas y especialistas de la región, y fue escuchado por un panel de jueces de renombre mundial, que examinaron el caso desde la perspectiva de los Derechos de la Naturaleza.
El Tren Maya recorrerá 932 millas y atravesará cinco estados del sureste mexicano: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Esta región alberga el 33% del agua dulce de todo México. La ruta del tren recorre regiones consideradas áreas significativas de biodiversidad, y constituyen los territorios de comunidades mayas que han habitado estas tierras desde tiempos ancestrales. Estas comunidades siguieron manteniendo sus prácticas tradicionales, viviendo hoy en armonía con la naturaleza. El territorio maya, que es la coevolución de miles de años entre el pueblo maya y su hábitat, sufrirá transformaciones irreversibles en sus componentes sociales y ambientales. Esto representará una pérdida irreparable de la diversidad biocultural que caracteriza a la región sureste de México. La construcción del tren consumirá más de 2.500 hectáreas de bosques húmedos y secos, lo que representa casi 9 millones de árboles, y afectará a cavernas subterráneas únicas y sagradas como cenotes, cuevas y acuíferos que son el hogar de muchas especies endémicas, ya que la ruta del tren pasará por encima de estos ecosistemas. Otros efectos colaterales de esta transformación de los ecosistemas son la contaminación acústica, los incendios, los daños a las reservas de agua y la gestión de residuos, los daños a la fauna, la contaminación de la selva y la fragmentación de los ecosistemas, entre otros.
El proyecto se inició sin realizar declaraciones de impacto ambiental, y ha habido irregularidades en su ejecución y aprobación. Además, no se ha respetado debidamente el derecho a la participación y a la toma de decisiones de las comunidades mayas cuyo territorio se verá afectado, lo que afecta a su derecho a la autodeterminación.
En el veredicto del Tribunal, los jueces responsabilizan al Estado mexicano de «la violación de los Derechos de la Naturaleza y los derechos bioculturales del Pueblo Maya, quienes han sido y siguen siendo protectores y guardianes de su territorio» y exigen al Estado la suspensión inmediata del Megaproyecto Tren Maya, así como la desmilitarización de los territorios indígenas. La sentencia también declara los cenotes como sujeto de derechos, «ya que constituyen la fuente de agua más importante para la supervivencia de las personas, comunidades y especies animales y vegetales de la región».