Resumen
En 2020, la empresa pública ecuatoriana Petroamazonas EP presentó la solicitud de medidas cautelares contra los convivientes José Daniel Jungal y Nancy Cárdenas Hernández. Petroamazonas EP alega que los convivientes no permitieron que la empresa continuara con los trabajos de restauración de un accidente de pulverización de partículas de hidrocarburo a través de un sistema de ventilación, que afectó a una superficie de aproximadamente 650 metros cuadrados. Ese mismo año, la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Francisco de Orellana otorgó medidas cautelares por el peligro que verificó sobre los derechos a la naturaleza y a vivir en un ambiente sano. El 30 de noviembre de 2020, la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Francisco de Orellana aceptó la solicitud de revocatoria de medidas cautelares presentada por el afectado. Declaró que las medidas cautelares podrían generar una pérdida de pruebas para la investigación de la presunta comisión de un delito. Petroamazonas EP recurrió en 202, pero el tribunal confirmó la revocación de las medidas cautelares. El Tribunal Constitucional revisó la decisión sobre la revocación de las medidas cautelares y seleccionó el caso para desarrollar la jurisprudencia.