Ordenanza del municipio de Grant que establece la Carta de Derechos

Resumen

En 2013, Pennsylvania General Energy (PGE) obtuvo un permiso federal para inyectar residuos de fracking en un pozo abandonado dentro de la ciudad. Los miembros de la comunidad temían que las sustancias químicas de los residuos de la fracturación se filtraran desde el pozo de inyección a sus pozos de agua privados, que son la única fuente de agua potable de la comunidad. En 2014, el municipio de Grant (Pensilvania) adoptó una declaración de derechos de la comunidad que declaraba que cualquier permiso para la inyección de fracking en la localidad no era válido, y que las empresas no tenían derecho legal a impugnar la ordenanza en los tribunales. La ordenanza también reconocía los derechos de la naturaleza. PGE presentó su amenaza de demanda contra la ciudad, alegando que la ordenanza violaba sus derechos garantizados por las leyes federales y estatales y por la constitución de los Estados Unidos, incluido el derecho a explotar un pozo de inyección de acuerdo con los permisos federales y estatales y el derecho constitucional a impugnar la ordenanza de Grant en los tribunales. El juez federal falló en contra de la ciudad y dictó sentencia a favor de PGE. Pero, a pesar de esta victoria, PGE no comenzó a explotar el pozo de inyección, ya que el litigio relacionado con la carta de autonomía del municipio de Grant continuó (véase la iniciativa de la carta de autonomía del municipio de Grant).