Caso judicial en Ecuador: minería en el Bosque de Protección de Los Cedros

Resumen

En 2019, se interpuso una acción de amparo contra el Ministerio de Medio Ambiente ecuatoriano y la empresa minera estatal ENAMI EP, con el fin de detener la fase inicial de exploración del proyecto minero Río Magdalena dentro del Bosque de Protección Los Cedros. Los demandantes alegaron que los organismos estatales habían violado los derechos constitucionales de la naturaleza, así como los derechos al agua, a un medio ambiente sano y a la consulta previa, al autorizar la explotación minera en un ecosistema frágil que alberga numerosas especies amenazadas y endémicas, como el mono araña de cabeza marrón (Ateles fusciceps fusciceps), el oso de anteojos (Tremarctos ornatus) y especies raras de orquídeas.

Antecedentes:
El Bosque Protector Los Cedros abarca más de 6.000 hectáreas de bosque nuboso y forma parte del corredor biogeográfico del Chocó, una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo. A pesar de ello, el Ministerio de Medio Ambiente concedió a ENAMI EP y a su socio canadiense Cornerstone Capital Resources permisos de exploración minera en 2017. Organizaciones de la sociedad civil, comunidades locales y científicos se opusieron a la decisión, advirtiendo de que el proyecto causaría deforestación, contaminación de fuentes de agua dulce y fragmentación de hábitats críticos.

Marco Jurisprudencial:
Tras pasar por tribunales inferiores, el Tribunal Constitucional de Ecuador seleccionó el caso de Los Cedros para establecer jurisprudencia vinculante sobre la aplicación de las disposiciones sobre derechos de la naturaleza consagradas en la Constitución de 2008 (Artículos 71-74). Basándose en el Artículo 73, que obliga al Estado a aplicar medidas cautelares y restrictivas para evitar la extinción de especies, el Tribunal examinó específicamente si la protección de especies y ecosistemas en peligro justificaba la restricción de actividades extractivas, como la minería, con independencia de que una zona tuviera o no la condición formal de protegida.

Sentencia y razonamiento jurídico:
El 1 de diciembre de 2021, el Tribunal Constitucional dictaminó que la concesión de permisos mineros en Los Cedros vulneraba los derechos de la naturaleza y el principio de precaución. El Tribunal subrayó que los derechos de la naturaleza deben prevalecer cuando las pruebas demuestren que una actividad causaría daños graves o irreversibles a ecosistemas o especies. El Tribunal consideró que los derechos de la naturaleza son garantías constitucionales autoejecutables aplicables en todo el territorio de Ecuador, no sólo en las zonas formalmente protegidas. Ordenó la revocación de todas las autorizaciones medioambientales y mineras que afectaban a Los Cedros y reafirmó que los actores públicos y privados comparten la responsabilidad de salvaguardar los ecosistemas y la biodiversidad.

El Tribunal razonó que la carga de la prueba en estos casos recae en el Estado y en los promotores para demostrar que sus actividades no causarán daños. Esta interpretación constituye un avance crucial en la jurisprudencia medioambiental ecuatoriana. También subrayó que los procesos de autorización y consulta medioambientales no pueden anular los derechos constitucionales de la naturaleza cuando las pruebas apuntan a un riesgo ecológico.

Impact Statement

La sentencia de Los Cedros es una de las aplicaciones más importantes de los derechos de la naturaleza en Ecuador desde la reforma constitucional de 2008. Consolidó la doctrina jurídica de que los derechos de la naturaleza son universales, exigibles y territorialmente ilimitados, sentando un sólido precedente para la aplicación de los derechos de la naturaleza en todo el país. El caso ha influido en el discurso nacional e internacional sobre la gobernanza medioambiental preventiva, la conservación de la biodiversidad y la aplicación judicial de los derechos no humanos, inspirando demandas similares en Colombia, Panamá y la Unión Europea. Al situar a las especies amenazadas como titulares de derechos constitucionales, la sentencia de Los Cedros transformó principios ecológicos abstractos en deberes estatales procesables y redefinió los límites extractivos en el panorama jurídico de Ecuador.

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