Resumen
El 3 de noviembre de 2016 se redactó la Declaración del Río Fitzroy entre las Naciones Martuwarra, una reunión que posteriormente daría lugar al Consejo Martuwarra del Río Fitzroy. La declaración afirma que «el río Fitzroy es un ser ancestral vivo y tiene derecho a la vida. Debe ser protegido para las generaciones actuales y futuras, y gestionado conjuntamente por los propietarios tradicionales del río» (1). La declaración identifica ocho pasos para proteger y gestionar el río Fitzroy, incluyendo la necesidad de desarrollar un plan de gestión del río Fitzroy que se complemente con un Área Indígena Protegida, y un organismo de gestión indígena para el río.
La histórica declaración es una expresión de la Primera Ley. La Primera Ley es el sistema tradicional aborigen de derecho y gobierno que ha sido desarrollado durante decenas de miles de años por los indígenas australianos (Poelina 2019, citado en el Plan de Gestión de Martuwarra 2020). Dos Primeras Leyes -Warloongarriy (para el río) y Wunan (para toda la región de Kimberley)- «son leyes antiguas para un enfoque holístico de la gobernanza regional que sigue siendo compartido y respetado por las naciones indígenas» (Plan de Gestión Martuwarra 2020, 37). Según la Primera Ley, el río Martuwarra-Fitzroy es un ser ancestral vivo y sagrado con un derecho inalienable a vivir y fluir (Poelina 2018, citado en el Plan de Gestión de Martuwarra 2020). El Plan de Gestión de Martuwarra que redactaría en 2020 el Consejo del Río Fitzroy de Martuwarra, explica que «el derecho aborigen tradicional se centra en mantener el equilibrio de la tierra para que todas las cosas puedan prosperar», y es este modelo sostenible de «derecho centrado en la tierra» el que sirve de base para la Declaración del Río Fitzroy (Plan de Gestión de Martuwarra 2020, 37).
En 2018, se formó el Consejo del Río Fitzroy de Martuwarra como un «modelo de gobernanza colectiva para mantener la salud espiritual, cultural y ambiental de la cuenca del río Fitzroy» (Poelina 2019). El Consejo es un órgano aborigen formado por los ancianos de los grupos de propietarios tradicionales del King Sound, el río Fitzroy y el Martuwarra (la cuenca del Fitzroy) que representa una alianza de seis naciones indígenas de la región de Kimberley, en Australia Occidental. El trabajo de su Consejo se basa en la Primera Ley y en un sistema de tutela (derechos, responsabilidad y obligaciones). El Consejo debe ser el primer punto de contacto para los gobiernos, «hace valer sus derechos en virtud de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas», y su visión es que el gobierno de Australia Occidental (WA) promulgue una legislación que reconozca formalmente la Primera Ley y la tutela de los grupos de propietarios tradicionales.
Tras la redacción de la Declaración y la creación formal del Consejo, éste (actuando en el papel de guardianes, como la voz, de los Martuwarra-Fitzroy) instituyó una campaña (en curso) para que la Primera Ley fuera reconocida y aplicada por el gobierno de WA. En 2018, el Consejo se reunió formalmente con funcionarios del gobierno de Australia Occidental en Perth, instándoles a apoyar al consejo como grupo representativo responsable de la gestión del río Fitzroy, y de la aplicación de la Declaración del río Fitzroy.
**La Primera Ley difiere de su homóloga jurídica occidental. Anne Poelina, presidenta del Consejo del Río Martuwarra Fitzroy, explica que los principios de la Primera Ley no se aplican mediante normas, políticas y procedimientos en los que las medidas punitivas influyen en el comportamiento individual y social. En cambio, «la Primera Ley se aplica a través de historias que imparten valores y ética» que constituyen «un marco ético integral que define los códigos de conducta necesarios para mantener una sociedad pacífica, próspera y cooperativa basada en el amor y la reciprocidad» (4). Como tal, el «ser ancestral» es diferente de la «personalidad jurídica». «Como el río ya es una entidad, no debería depender de las acciones específicas de la ley de los colonos para alcanzar este estatus» (Redvers et al. 2020, 3).