Resumen
En abril de 2018, la Corte Suprema de Justicia de Colombia, siguiendo el ejemplo del caso del río Atrato, declaró la Amazonia colombiana como «una entidad sujeto de derechos, titular de protección, conservación, mantenimiento y restauración por parte del Estado y de las entidades territoriales que la conforman». Los demandantes, que eran 25 niños y jóvenes de toda Colombia, argumentaron que el hecho de que el gobierno no frenara la deforestación violaba sus derechos constitucionales a un medio ambiente sano, a la vida, a la salud, a la alimentación y al agua, así como los derechos de las generaciones futuras. Su caso contó con el apoyo de DeJusticia, una organización de derechos humanos y derecho medioambiental con sede en Bogotá.
En su sentencia, el Tribunal Supremo ordenó al Estado que adoptara medidas inmediatas y coordinadas para detener la deforestación mediante la formulación de un «pacto intergeneracional por la vida de la Amazonia colombiana», exigiendo a las autoridades nacionales y locales que elaboraran un plan de acción con plazos concretos para la conservación y la restauración. El tribunal también ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y al Ministerio de Agricultura que revisaran las políticas de uso de la tierra y reforzaran los mecanismos de aplicación de la ley contra la conversión ilegal de tierras. Tras la decisión, los datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) mostraron una ligera reducción de la deforestación en 2018, con la pérdida de 138.000 hectáreas de bosque amazónico colombiano, una cifra que supone un descenso de casi el 20% respecto al año anterior.
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Cita sugerida:
Kauffman, Craig, Shrishtee Bajpai, Kelsey Leonard, Elizabeth Macpherson, Pamela Martin, Alessandro Pelizzon, Alex Putzer y Linda Sheehan. Eco Jurisprudence Tracker. V1. 2022. Distribuido por el Eco Jurisprudence Monitor. https://ecojurisprudence.org/es/iniciativas/colombiana-amazonica/.
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