Resumen
En agosto de 2017, las autoridades ecuatorianas encontraron en la Reserva Marina de Galápagos un barco chino (Fu Yuan Yu Leng 999) con 6626 tiburones muertos de varias especies protegidas en peligro de extinción a bordo, principalmente de las especies tiburón martillo, sedoso, patudo, zorro pelágico y marrajo. Se trata del mayor decomiso de tiburones (y de buques) en la historia de las Islas Galápagos.
La tripulación fue detenida y condenada por un tribunal de primera instancia del cantón de San Cristóbal (isla de Galápagos) por un delito contra la vida silvestre por la muerte de más de 6.600 tiburones protegidos y en peligro de extinción, y multada con aproximadamente 6 millones de dólares estadounidenses. La tenencia y transporte de especies protegidas (tiburones) dentro de la Reserva Marina de Galápagos está tipificada en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal como delito contra la naturaleza; y en concreto, como delito contra la biodiversidad. Por lo tanto, este caso se refiere a un delito contra los derechos constitucionales de la naturaleza y la conservación de la biodiversidad, que la Constitución de la República del Ecuador declara de interés público.
La sentencia del tribunal inferior fue apelada ante la Corte Provincial del Guayas y, posteriormente, conocida por el Tribunal Nacional Especializado en lo Penal, Militar, Policial y de Tránsito. El Tribunal confirmó la sentencia y estableció la responsabilidad penal de la tripulación de la embarcación china Fu Yuan Yu Leng 999 (la embarcación que transportaba a los tiburones) y los condenó a penas de uno a cuatro años de prisión por el delito de procesar y transportar sin autorización fauna marina protegida dentro de un área natural protegida, y ordenó el pago de 5,9 millones de dólares para la reparación del ecosistema. La sentencia también incluía la confiscación penal de la embarcación en beneficio de la población de las islas Galápagos; si se subasta, la recaudación se destinará al Parque Nacional de Galápagos.
El ministro ecuatoriano de Medio Ambiente, Tarsicio Granizo, afirmó que «esta sentencia es coherente con la política de tolerancia cero ante el irrespeto a nuestra soberanía y a nuestros más elementales principios como nación, ya que Ecuador reconoce en su Constitución (2008) a la naturaleza como sujeto de Derechos». Esta sentencia marca un precedente en materia jurídica medioambiental, a nivel nacional y regional».
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Cita sugerida:
Kauffman, Craig, Shrishtee Bajpai, Kelsey Leonard, Elizabeth Macpherson, Pamela Martin, Alessandro Pelizzon, Alex Putzer y Linda Sheehan. Eco Jurisprudence Tracker. V1. 2022. Distribuido por el Eco Jurisprudence Monitor. https://ecojurisprudence.org/es/iniciativas/aletas-de-tiburon-en-las-galapagos/.
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