Resumen
En 2002, la Corporación para la Investigación Energética puso en marcha la hidroeléctrica San José de Tambo, en el río Dulcepambal, en la comunidad San Pablo de Amalí, parroquia San José del Tambo, cantón Chillanes, provincia de Bolívar, Ecuador. En 2005, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó una licencia ambiental para la construcción y explotación del proyecto, que incluía requisitos para reunirse con la comunidad. El proyecto fue subcontratado al Cuerpo de Ingenieros del Ejército para la construcción de la central hidroeléctrica. Los miembros de la comunidad protestaron contra el proyecto y fueron detenidos. En 2007, la Defensoría del Pueblo se pronunció declarando que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército se abstendrá de iniciar cualquier acto que constituya una violación de las personas. La Fundación Asesora Regional de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger la integridad de la comunidad y de los líderes que fueron criminalizados. La CIDH aceptó la solicitud. En 2008, la Asamblea Constituyente concedió la amnistía a los miembros de la comunidad procesados. El proyecto se suspendió entre 2008 y 2012. En 2012, se reanudó la construcción del proyecto. Durante los años siguientes, los líderes de la comunidad presentaron solicitudes de acción de protección, que fueron denegadas. En 2015, el río Dulcepamba se desbordó en el tramo desviado por Hidrotambo SA y socavó partes de la comunidad, causando la destrucción de 12 casas y la muerte de 3 personas. Los líderes comunitarios Manuel Trujillo y Manuela Pacheco fueron juzgados por terrorismo organizado y fueron declarados inocentes. En 2019, la Defensoría del Pueblo y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos CEDHU presentaron una acción de protección contra siete instituciones estatales e Hidrotambo, alegando la violación tanto de los derechos de la naturaleza como de las personas que viven en la comunidad de San Pablo de Amalí. El recurso fue rechazado en primera y segunda instancia. Ese mismo año, Harold Burbano, director tutelar de la Defensoría del Pueblo, y Elsie Monge, representante legal de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), presentaron ante la Corte Constitucional la acción extraordinaria de protección contra la sentencia del Tribunal Provincial de Justicia de Bolívar, que rechazó una acción de tutela. El Tribunal Constitucional seleccionó el caso para la elaboración de jurisprudencia vinculante y a mediados de 2022 lo estaba estudiando.