Resumen
El 25 de enero de 2019, la Defensoría del Pueblo del país junto a la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) interpusieron una acción de protección contra Hidrotambo SA y siete instituciones estatales, alegando una omisión por parte del Estado que se traduciría en la vulneración de los derechos de la Naturaleza y de las personas que habitan en la comunidad de San Pablo de Amali. El recurso fue desestimado en primera y segunda instancia. En abril de 2019, la Defensoría del Pueblo y la CEDHU interpusieron una acción extraordinaria de amparo contra el fallo del inferior Tribunal Provincial de Bolívar. El Tribunal Constitucional seleccionó el caso y a partir de 2023 sigue en estudio.
Antecedentes:
En 2002, la Corporación para la Investigación Energética puso en marcha la hidroeléctrica San José de Tambo, en el río Dulcepamba, comunidad San Pablo de Amalí, parroquia San José del Tambo, cantón Chillanes, provincia de Bolívar, Ecuador. En 2005, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó una licencia ambiental para la construcción y explotación del proyecto, que incluía requisitos para reunirse con la comunidad. El proyecto fue subcontratado al Cuerpo de Ingenieros del Ejército para la construcción de la central hidroeléctrica. Los miembros de la comunidad protestaron contra el proyecto y fueron detenidos. En 2007, la Defensoría del Pueblo del país se pronunció declarando que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército se abstendrá de iniciar cualquier acto que constituya una violación de las personas. La Fundación Asesora Regional de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger la integridad de la comunidad y de los líderes que fueron criminalizados. La CIDH aceptó la solicitud. En 2008, la Asamblea Constituyente concedió la amnistía a los miembros de la comunidad procesados. El proyecto se suspendió entre 2008 y 2012. En 2012, se reanudó la construcción del proyecto. Durante los años siguientes, los líderes de la comunidad presentaron solicitudes de acción de protección, que fueron denegadas. En 2015, el río Dulcepamba se desbordó en el tramo desviado por Hidrotambo SA y socavó partes de la comunidad, causando la destrucción de 12 casas y la muerte de 3 personas. Los líderes comunitarios Manuel Trujillo y Manuela Pacheco fueron juzgados por terrorismo organizado y fueron declarados inocentes.