Resumen
En 2015, representantes de las comunidades locales del Cantón de Piñas y representantes de grupos ambientalistas presentaron una acción de protección contra el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal De Piñas por las actividades mineras en el cerro «La Chuya» y sus alrededores. Los demandantes argumentan que La Chuya es un importante conjunto de ecosistemas y permite el acceso al agua a las comunidades locales. Argumentan que las actividades mineras violan los derechos de la naturaleza, los derechos de las comunidades, los derechos de las generaciones futuras, la categoría de derechos del Buen Vivir -que incluye derechos como el de vivir en un entorno sano y ecológicamente equilibrado- y la categoría de derechos de protección -que incluye el derecho a la consulta ambiental y al debido proceso-. El tribunal declaró que se violaron los derechos de la naturaleza y los derechos de las comunidades «La Mesa» y «El Pórtete». El tribunal también ordenó la ejecución del Plan de reparación de pasivos ambientales y sociales, que diseñará las reparaciones para La Chuya. Los demandantes recurrieron en junio para pedir aclaraciones y ampliaciones sobre algunos puntos del juez y solicitar el reconocimiento simbólico de La Chuya como sujeto de derechos. El tribunal aceptó el reconocimiento.