Resumen
El 18 de junio de 2019, el abogado Darwin Andrés Riera Duchitanga (el demandante) interpuso una acción de amparo contra el Ministerio del Ambiente (MAE), Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (MERNNR) y la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM). El demandante alegó que las concesiones mineras que se habían otorgado dentro del Área de Bosque y Vegetación Protectora de la Cuenca Alta del Río Nangaritza, en el cantón Nangaritza de la provincia de Zamora Chinchipe, violaban los derechos de la naturaleza dado que dicha área formaba parte de la reserva de la biosfera Podocarpus-El Cóndor y de la reserva biológica Cerro Plateado. El juez ofreció la inspección inmediata del área y de los títulos mineros otorgados en ella, y determinó que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables debe implementar un sistema que permita un mejor control de las áreas protegidas y bosques de vegetación protectora. Sin embargo, la ACROM no presentó ninguna información a pesar de haber sido solicitada por el poder judicial. Por lo tanto, el demandante interpuso un recurso. La Audiencia Provincial superior denegó el recurso y anuló la sentencia del juez al considerar que, en el caso, no hubo vulneración de derechos constitucionales.
En octubre de 2019, Darwin Andrés Riera Duchitanga (demandante) presentó el fallo de la acción de tutela ante la Corte Constitucional, donde se tramita. El Tribunal Constitucional afirma que «Con la selección de este caso, el Tribunal podría desarrollar las normas y límites de uso de las áreas protegidas, los derechos de la naturaleza en situaciones de actividades extractivas cerca de áreas protegidas y las responsabilidades de las entidades encargadas de llevar a cabo la vigilancia y el control de dichas actividades.» (2). En 2021, Earth Law Center, Center for Biological Diversity y Center for Democratic and Environmental Rights (CDER), entre otros, presentaron amicus curiae en el caso del río Nangaritza ante el Tribunal Constitucional de Ecuador.
A lo largo de 20 años, el gobierno ha promovido procesos de concesión minera en una cuarta parte del territorio.