Resumen
En un caso relacionado con el incumplimiento de la sentencia de apelación, emitida en una acción de protección, que ordenó la evacuación de los animales de una granja de cerdos que funcionaba sin licencia ambiental y que generó daños ambientales el río Alpayacu. La Corte Constitucional declaró el incumplimiento y ordenó medidas de reparación y que el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Mera ordene el inicio del procedimiento administrativo para establecer la responsabilidad de las personas encargadas de otorgar los permisos, las licencias ambientales, los permisos de uso de suelo y quienes habrían permitido la instalación y funcionamiento de la Granja Porcina La Isla. El Tribunal Constitucional basó su decisión en el reconocimiento constitucional de los derechos a la naturaleza, haciendo hincapié en el deber estatal de conservarla.