Resumen
En 2013, el municipio de Highland (Pensilvania) aprobó una declaración de derechos que prohíbe el vertido de residuos de fracturación hidráulica y reconoce que las comunidades naturales y los ecosistemas «poseen derechos inalienables y fundamentales a existir y prosperar en el municipio de Highland» y que los residentes y el municipio tienen capacidad jurídica para hacer valer esos derechos en su nombre (2-3). Sin embargo, el Departamento de Protección Medioambiental de Pensilvania impugnó la ley alegando que violaba su derecho a regular la actividad del gas natural en virtud de la Ley de Petróleo y Gas de 2012. El juez falló a favor del departamento y la ordenanza fue anulada.