Resumen
El 25 de enero de 2019, Juan Diego Bustos (alcalde de la Gobernación de Gualaceo) interpuso una demanda de acción de protección en contra de funcionarios del Gobierno de la Provincia del Azuay por violaciones a los derechos de la naturaleza por un proyecto de obra vial que se realizaba sin sin estudios ambientales previos, que causaría impacto ambiental al Bosque de Protección Collay y a la cuenca del río Paute. En 2019, la Corte Constitucional de Ecuador confirmó una sentencia judicial que establecía violaciones a los derechos de la naturaleza, y encomendó la responsabilidad de reparar los daños al Gobierno Autónomo Descentralizado de Azuay y al ciudadano particular Castillo Molina.