Resumen
El 11 de enero de 2017, la Ciudad de México adoptó el lenguaje de los Derechos de la Naturaleza en su nueva Constitución. La nueva Constitución afirma que «el derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las autoridades de la Ciudad de México» y exige que «se expedirá una ley secundaria que reconozca y regule la protección más amplia de los derechos de la naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo sujeto de derechos.» El efecto será que los ciudadanos de la Ciudad de México podrán hacer valer los derechos fundamentales en nombre de la naturaleza. La Constitución también prevé el reconocimiento de las relaciones ontológicas de las comunidades con respecto a la naturaleza.
En 2016, las reformas políticas dieron lugar a que la Ciudad de México se convirtiera en una entidad comparable a los 31 estados de México, fortaleciendo su autonomía política y abriendo una oportunidad para la creación de su primera constitución de la ciudad. La nueva Constitución se elaboró mediante un amplio proceso de participación pública. Aunque el Congreso mexicano otorgó al alcalde de Ciudad de México la autoridad exclusiva para redactar la Constitución de la ciudad, éste optó por establecer un grupo de redacción diverso, no partidista y equilibrado en cuanto al género, compuesto por 28 representantes ciudadanos reconocidos por sus diversas funciones académicas, políticas, culturales y sociales en toda la ciudad, encargado de idear un proceso de redacción constitucional y preparar un primer borrador.