Caso judicial en Ecuador: derechos de los ecosistemas marinos

Resumen

A finales de 2024, el Tribunal Constitucional de Ecuador dictaminó que los ecosistemas marinos costeros tienen derechos legales que deben protegerse, lo que podría exigir límites más estrictos a actividades humanas como la pesca industrial. El Tribunal declaró que esos ecosistemas tienen derecho a mantener sus «ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos» naturales, y que el gobierno ecuatoriano debe adoptar medidas de protección suficientes para garantizar la persistencia de esos «procesos vitales». El Tribunal añadió que los ecosistemas costeros marinos tienen un «valor intrínseco» y que Ecuador se comprometió en su Constitución a «construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza.»

Ecuador, en 2008, se convirtió en el primer país del mundo en reconocer en una constitución nacional que la naturaleza, al igual que los seres humanos y las empresas, tiene derechos legales. Más de una docena de otros países han reconocido, mediante legislación o sentencias judiciales, que los ecosistemas o las especies individuales tienen derechos, entre ellos a vivir, persistir y regenerarse.

Antes de esta sentencia, todas las sentencias del Tribunal Constitucional de Ecuador relativas a los derechos de la naturaleza se referían a ecosistemas terrestres, manglares y animales salvajes. Los juristas de la jurisprudencia sobre los Derechos de la Naturaleza afirman que este caso sobre el ecosistema marino costero es una decisión histórica que amplía las protecciones a los vastos ecosistemas acuáticos del país.

El caso tuvo un origen inusual. Los pescadores industriales iniciaron el pleito en 2020 contra varias autoridades del gobierno nacional, argumentando que una restricción legal de la pesca industrial dentro de una zona de 8 millas náuticas es inconstitucional. La pesca artesanal a pequeña escala está permitida dentro de la zona.

Los pescadores industriales demandantes alegaron que la restricción violaba su derecho a realizar actividades económicas y amenazaba la soberanía alimentaria. También argumentaron, irónicamente, que la ley era incompatible con los derechos de la naturaleza: Afirmaban que la ley de zonificación podía provocar inadvertidamente la sobrepesca por parte de los pescadores artesanales y, por tanto, una violación de los derechos de la naturaleza. Por tanto, el gobierno debería abolir o reducir la zona de 8 millas náuticas, argumentaban.

El tribunal no estuvo de acuerdo. En su decisión, los jueces citaron pruebas científicas que indicaban que la zona de 8 millas era necesaria para proteger las poblaciones de peces, mantener la salud de los ecosistemas marinos y garantizar la viabilidad a largo plazo de la industria pesquera. Tras la aplicación de la ley de zonificación, las poblaciones de peces aumentaron, según un estudio gubernamental. En última instancia, el tribunal dictaminó que la ley de zonificación no era incompatible con los derechos de los ecosistemas marinos costeros y se mantendría en vigor.

La decisión del tribunal ecuatoriano que afirma que los ecosistemas marinos tienen derechos constitucionales impone al gobierno una obligación más estricta de salvaguardarlos. Esto significa que las normativas medioambientales tradicionales, como los límites de pesca y los controles de contaminación, deben ser lo suficientemente sólidas como para proteger las funciones esenciales de los ecosistemas marinos. Además, los derechos de otras entidades, incluidos los seres humanos y las empresas, pueden restringirse para evitar la extinción de especies y preservar ecosistemas delicados.