Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra

Resumen

El 22 de abril de 2010 se presentó en Cochabamba, Bolivia, la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Esta declaración de la sociedad civil enmarca a la Madre Tierra [Pachamama] como una entidad viva con derechos inherentes, y articula los deberes correspondientes para los estados, los pueblos y las instituciones. La declaración es un derecho indicativo no vinculante, pero funciona como una carta normativa para la gobernanza centrada en la Tierra para los Estados y la defensa por parte de la sociedad civil.

El documento afirma que «la Madre Tierra y todos los seres que la componen» tienen derechos inherentes y que «todo ser humano es responsable de respetar y vivir en armonía con la Madre Tierra». Se presentó en los Diálogos de la ONU sobre la Armonía con la Naturaleza en 2011. El documento pide a la Asamblea General de las Naciones Unidas que la adopte como norma común, y a todas las naciones que respeten los derechos reconocidos en esta Declaración y garanticen medidas y mecanismos rápidos y progresivos para su reconocimiento efectivo a escala nacional e internacional.

Antecedentes y contexto
La declaración surgió en medio del descontento con las negociaciones multilaterales sobre el clima posteriores a Copenhague (2009). La conferencia de Cochabamba fue convocada por el Estado Plurinacional de Bolivia y reunió a pueblos indígenas, movimientos sociales, académicos y ONG de decenas de países para formular propuestas impulsadas por la sociedad sobre justicia climática y gobernanza ecológica. La Declaración incorpora las cosmovisiones indígenas, la ciencia ecológica y los principios del derecho de la Tierra, y se basa en antecedentes como la Carta de la Tierra (2000) y el reconocimiento constitucional de los derechos de la Naturaleza en Ecuador en 2008.

Impact Statement

Aunque la Declaración sigue siendo no vinculante y no se ha adoptado como tratado de la ONU, ha configurado profundamente la jurisprudencia ecológica mundial. Informó la Ley de los Derechos de la Madre Tierra de Bolivia (2010) y la Ley Marco nº 300 (2012), inspiró numerosas ordenanzas locales, resoluciones tribales y plataformas de defensa en toda América y Europa, y se convirtió en una piedra de toque normativa para los diálogos de la ONU sobre la Armonía con la Naturaleza. En la actualidad, sigue siendo un modelo muy utilizado para traducir la jurisprudencia ecológica en leyes concretas, propuestas políticas, tribunales de la sociedad civil e iniciativas académicas.