Resumen
En junio de 2016, se concedió autorización a la empresa Oriente Environment para abrir y explotar una instalación de residuos enterrados junto al río Tavignanu para eliminar residuos domésticos y productos de amianto. Esto provocó una oleada de protestas y acciones legales por parte de ciudadanos, profesionales, agricultores y otros miembros de la sociedad civil, basándose en la preocupación por la inestabilidad del terreno y los riesgos de contaminación del río y las zonas circundantes, con consecuencias potencialmente irreparables. El 21 de abril de 2021, tras cinco años de procedimientos judiciales en el tribunal administrativo de Bastia por parte de un colectivo de la sociedad civil, el tribunal administrativo de apelación de Marsella y el Consejo de Estado, se desestimó el caso y se permitió el inicio de las obras propuestas. En respuesta, tres asociaciones -Tavignanu Vivu, Umani y Terre de Liens Corsica-Terra di u Cumunu- redactaron una declaración de derechos del río, inspirándose en conversaciones con la ONG Notre Affaire à Tous y aprendiendo
sobre iniciativas similares en todo el mundo, iniciando un proceso a más largo plazo destinado a garantizar el reconocimiento legal de los derechos y la personalidad jurídica del río.
En 2021, los grupos Tavignanu Vivu, UMANI y Terres de Liens Corsica, y con la ayuda de Notre Affaire à Tous lanzaron una declaración de los derechos del río Tavignanu en Córcega, Francia. La declaración se produjo cuando el río se vio amenazado por un proyecto de vertedero de Ghjuncaghju. Ese mismo año, la Asamblea de Córcega aprobó una moción con una solicitud de revisión prioritaria sobre el reconocimiento del río Tavignanu, y lo reconoció como una entidad viva e indivisible de ojo a boca, delimitada por su cuenca hidrográfica y con personalidad jurídica. La moción citaba el cambio climático, el acceso al agua para los corsos, la importancia de la agricultura productiva en Córcega y un proyecto de vertedero.