Caso del Tribunal Constitucional de Ecuador: las concesiones mineras y el pueblo A’i Cofán de Sinangoe

Resumen

En 2018, con el apoyo y la solidaridad de otras naciones indígenas y organizaciones alineadas con la lucha, representantes del pueblo A’L Cofán Sinangoe interpusieron una acción de amparo contra cinco ministerios y organismos gubernamentales, para que se suspendieran varias concesiones mineras otorgadas en las zonas ribereñas de los ríos Aguarico, Chingual y Cofanes. En julio de 2018, un juez regional estimó la demanda, acusando al Estado ecuatoriano de violación del derecho de la comunidad a la consulta previa, libre e informada, y se refirió al derecho al territorio, la naturaleza y el agua. El juez suspendió todas las operaciones mineras en el territorio.

Las autoridades estatales de Ecuador apelaron la sentencia de primer nivel, pero la comunidad A’i Cofán respondió solicitando la revocación total de las concesiones y el reconocimiento de que se habían violado sus derechos fundamentales (a la salud, al agua y a un medio ambiente sano) y los derechos de la naturaleza. El recurso del Estado fue rechazado por la Sala de Apelaciones, que también declaró que se habían violado los derechos del pueblo A’L Cofán Sinangoe al agua, a un medio ambiente sano, a la cultura y al territorio, así como los derechos de la naturaleza.

El caso fue recurrido ante el Tribunal Constitucional, que utilizó el caso para establecer una jurisprudencia vinculante sobre la cuestión del derecho de las comunidades indígenas al consentimiento informado previo. El 4 de febrero de 2022, el Tribunal Constitucional dictó sentencia en la que se declaraba que el derecho de una comunidad indígena a la consulta libre, previa e informada había sido vulnerado por proyectos petrolíferos y pedía protecciones más sólidas para garantizar el derecho de las comunidades indígenas a decidir sobre los proyectos extractivos en sus territorios. Como parte del fallo, los jueces dijeron que las comunidades indígenas no sólo deben ser consultadas sobre los proyectos extractivos en su territorio o cerca de él, sino que también deben dar su consentimiento a dichos proyectos. La sentencia afectará inmediatamente a los proyectos petroleros y mineros de todo el país, ya que ahora deberán solicitar el consentimiento de las comunidades indígenas que puedan verse afectadas por sus actividades.

La comunidad A’I Cofán Sinangoe está situada a lo largo del río Aguarico, en el norte de la Amazonia ecuatoriana, y gestiona un territorio ancestral de aproximadamente 63.775 hectáreas.

Impact Statement

La sentencia ofrece uno de los precedentes jurídicos más sólidos del mundo que defiende los derechos de los pueblos indígenas a decidir sobre el futuro de sus territorios ancestrales. En todas las sentencias judiciales, desde la Audiencia Provincial hasta el Tribunal Constitucional, la justicia reconoció también el valor especial que el «territorio» tiene para los pueblos indígenas, y que el territorio no es un objeto, sino un sujeto de derechos. La sentencia del tribunal se conoció como el precedente Sinangoe.