Resumen
En 2012, la Defensoría del Pueblo de Ecuador atendió la solicitud del ciudadano Acosta Orellana Jorge Washington en relación con las violaciones de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza llevadas a cabo por las empresas bananeras en Ecuador mediante el uso de fumigaciones aéreas que ponen en peligro la salud de las personas que viven alrededor de esas zonas, así como los derechos de la propia naturaleza. La resolución de la Defensoría del Pueblo establece que «las fumigaciones aéreas ponen en peligro los ecosistemas locales y las fuentes de agua que constituyen el componente esencial de la naturaleza en estas localidades, a lo que el Estado debe responder», sentenciando que «las fumigaciones aéreas ponen en peligro los derechos de la naturaleza reconocidos en nuestra Carta Fundamental».