Resumen
En 2019, la Municipalidad de Resistencia, en Argentina, otorgó un permiso de construcción a la empresa Patagonia SRL, la cual planeaba desarrollar un proyecto inmobiliario en la Laguna Francia. Este permiso fue avalado por la Administración Provincial del Agua (APA), organismo que anteriormente había denegado permisos para construir en dicha zona. Las negativas previas se fundamentaban en la Resolución 1111/98, la cual prohibía la construcción en un radio de 30 metros respecto al cuerpo de agua. Dicha resolución fue posteriormente modificada, reduciendo la zona de amortiguamiento protegida de 30 a 15 metros y permitiendo así que la construcción siguiera su curso.
Procedimientos judiciales 2019–2024
En abril de 2019, los residentes del barrio Villa Altabe interpusieron una acción judicial ante el Juzgado Civil y Comercial de Resistencia con el fin de proteger la ribera. El tribunal dictó una medida cautelar que suspendía la construcción hasta que se resolviera el caso.
En febrero de 2024, el juez Julián Flores, del Juzgado Municipal de Resistencia (provincia del Chaco), celebró una audiencia pública para evaluar la viabilidad del proyecto de desarrollo propuesto. Patagonia SRL había modificado sus planes, proponiendo la construcción de espacios de oficinas y una zona verde en lugar de viviendas residenciales. Tras la audiencia, el tribunal determinó que el proyecto debía someterse a una consulta pública. Los residentes se movilizaron en oposición al proyecto y, en consecuencia, Patagonia SRL retiró su propuesta más tarde ese mismo mes.
Durante este periodo, los residentes y las organizaciones ambientales informaron haber recibido comunicaciones de la empresa en las que se señalaba que la medida cautelar que paralizaba la construcción podría dar lugar a reclamaciones por daños económicos relacionados con los retrasos y la suspensión del proyecto. Algunos residentes calificaron estas comunicaciones de intimidatorias y presentaron denuncias ante organismos públicos —incluido el Tribunal de Faltas Ambientales de Resistencia— lo que contribuyó a generar una mayor atención pública sobre el conflicto.
La empresa, por su parte, ha sostenido que dichas comunicaciones constituían el ejercicio legítimo de sus derechos legales en relación con los posibles daños sufridos, y que en ningún caso configuraban un acto de intimidación. Ha enfatizado que la identificación y cuantificación de los daños materiales —tales como la paralización de las obras, la pérdida de oportunidades económicas, los costos financieros y el daño reputacional— forman parte de su derecho de defensa y de su facultad de reclamar una reparación integral conforme a la legislación argentina.
Sentencia Judicial
El 29 de noviembre de 2024, el juez Flores dictó una resolución en la que reconoce a la Laguna Francia como sujeto de derechos. El tribunal definió la laguna como un área de alta sensibilidad ecológica afectada por la actividad humana, lo cual compromete su capacidad de autorregulación hídrica y su biodiversidad. El fallo prohíbe el desarrollo inmobiliario en la zona y ordena la adopción de medidas para revertir el daño ecológico. Asimismo, dispuso la creación de una Autoridad de Gestión Integrada de Lagunas Urbanas en Resistencia (ARGILUR), integrada por residentes, organizaciones ambientales e investigadores, para supervisar la protección y gestión de estos ecosistemas.
Analysis
Este caso pone de relieve una tensión estructural más amplia entre el derecho civil y el derecho ambiental. En los procedimientos civiles ordinarios, las medidas cautelares suelen ir acompañadas de una contragarantía (una garantía financiera) destinada a compensar a las partes afectadas en caso de que, posteriormente, se determine que la medida carecía de fundamento. Sin embargo, en los casos medioambientales, los tribunales suelen flexibilizar o prescindir de este requisito para dar prioridad a la prevención del daño ecológico. Patagonia SRL ha argumentado que la ausencia de una contragarantía en este caso provocó pérdidas económicas significativas, lo que plantea interrogantes sobre cómo los sistemas jurídicos equilibran la protección medioambiental cautelar con los derechos procesales y económicos de terceros.
Cita sugerida:
Kauffman, Craig, Shrishtee Bajpai, Kelsey Leonard, Elizabeth Macpherson, Pamela Martin, Alessandro Pelizzon, Alex Putzer y Linda Sheehan. Eco Jurisprudence Tracker. V1. 2022. Distribuido por el Eco Jurisprudence Monitor. https://ecojurisprudence.org/es/iniciativas/argentina-court-case-recognizing-laguna-francia-as-subject-of-rights/.
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