Resumen
En 2016, el Poder Judicial de la Federación otorgó la demanda de un ciudadano contra autoridades locales de Oaxaca y México por la contaminación de los ríos Atoyac y Salados, salvaguardando su derecho a un medio ambiente sano. El tribunal impuso a las autoridades locales y nacionales la obligación de «implementar acciones para la conservación, restauración y vigilancia del equilibrio ecológico, así como la protección del medio ambiente.» Esto incluye la obligación de llevar a cabo programas de limpieza, entre otros.